El
secuestro de un revolucionario
James
Petras
La
Jornada
22
de enero de 2005
El 13 de diciembre de 2004, Rodrigo Granda, el vocero internacional
más importante del más poderoso grupo guerrillero
armado en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), fue secuestrado a plena luz del día
(a las 16 horas) en el centro de Caracas. Sus secuestradores lo
entregaron a las autoridades colombianas que alegaron, falsamente,
que fue capturado en Colombia. Durante casi dos semanas, las autoridades
venezolanas, incluidos los ministerios de Defensa, del Interior
y de Relaciones Exteriores, permanecieron mudas, aun cuando importantes
periodistas colombianos y activistas venezolanos protestaron por
el plagio del destacado revolucionario. Después de que
escritores, periodistas, intelectuales y activistas (muchos de
ellos asistieron a las mismas conferencias internacionales en
Venezuela a las que asistió Granda) publicaran cartas de
protesta a escala local e internacional, el ministro del Interior,
Jesse Chacón, convocó a una conferencia de prensa
y anunció una investigación para esclarecer el presunto
secuestro de Granda. Dos semanas es mucho tiempo, bajo cualquier
criterio, para una investigación de uno de los líderes
revolucionarios más importantes de América Latina,
especialmente en un país que proclama buscar un camino
revolucionario.
El secuestro
de Granda y la respuesta a tal acción hacen surgir muchas
cuestiones fundamentales para los revolucionarios, los progresistas
y los demócratas de todo el mundo. La más importante
es quién es el responsable, material e intelectual, de
un crimen así; cuál guerra es su propósito.
Es igualmente importante dilucidar con qué derechos cuentan
los voceros revolucionarios en el mundo contemporáneo.
Cuál fue la respuesta que dio la izquierda ante el secuestro,
los autodenominados simpatizantes de la revolución chavista,
especialmente los intelectuales europeos, estadunidenses y latinoamericanos.
Cómo deberían los intelectuales expresar su solidaridad
con los movimientos y los regímenes revolucionarios y progresistas.
¿Deben cubrir todas las fallas internas e incluso los errores
crasos ocurridos en el seno de tales movimientos y regímenes
o deben expresar una crítica constructiva, pero aguda,
que ayude a que el proceso revolucionario continúe?
Qué
propósito persigue el secuestro y encarcelamiento del líder
de las FARC. En cuanto a quiénes perpetraron el crimen,
el régimen de Alvaro Uribe en Colombia lleva mucho tiempo
afirmando que su objetivo central es capturar, matar o encarcelar
a los dirigentes y militantes de las FARC y destruir su ejército
guerrillero de base rural po-pular. Esta es la prioridad política
y económica más importante del régimen, y
es también prioridad vital para Estados Unidos en su estrategia
latinoamericana. El propósito de secuestrar a Granda es
debilitar la capacidad de diálogo de las FARC con gobiernos,
movimientos y partidos políticos, e im-pedirle presentar
sus puntos de vista en torno a un arreglo negociado de la guerra
civil que lleva ya 40 años. Al capturar a Granda, el régimen
de Uribe confió en que presionando, torturando e interrogando
al revolucionario podría obtener información relativa
a la localización de los líderes de las FARC y sus
movimientos internos.
Alegar, como
han hecho muchos escritores que firmaron una carta dirigida a
la opinión pública internacional, que "el secuestro
de Granda tiene la pretensión de crear dificultades entre
ambos países (Venezuela y Colombia) y debilitar el movimiento
bolivariano... disminuir el prestigio internacional del presidente
Hugo Chávez creando dudas de un posible involucramiento
venezolano en el secuestro..." es algo que no se sustancia
y va en sentido contrario a los hechos más elementales
relativos al secuestro.
El gobierno
de Uribe no tenía como finalidad crear dificultades a Chávez,
sino destruir las FARC. Los firmantes de dicha carta no hacen
mención alguna del propósito y los esfuerzos, claros
y directos, de quienes pa-garon y condujeron la operación.
Días después del secuestro los ministros de Defensa,
colombiano y venezolano, firmaron un im-portante acuerdo bilateral
de cooperación, mediante el cual deben compartirse operaciones
de inteligencia y efectuar maniobras conjuntas de entrenamiento.
Es claro que los ministerios de Defensa venezolano y colombiano
no se vieron afectados por el secuestro. Es más, poco antes
del secuestro, los ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia
y Venezuela firmaron una serie de acuerdos económicos,
de comercio y relativos a un oleoducto, que el vicepresidente
venezolano, José Rangel, dice que no serán afectados
por el secuestro. Investigaciones subsecuentes del Ministerio
del Interior venezolano afirman que cinco oficiales, mandos medios
de la Guardia Nacional ve-nezolana, y tres oficiales de la división
de investigaciones criminales fueron arrestados por su participación
en el plagio de Granda.
Los ministerios
venezolanos que realizan la investigación han demostrado
que es equivocado el intento de los firmantes por salvar (¿?)
el prestigio de Chávez negando cualquier complicidad de
Venezuela. La falta de voluntad o la ceguera de estos "amigos
de Venezuela" en todo el mundo, que no los deja ver que el
Estado venezolano contiene funcionarios que están deseosos
de colaborar con el régimen colombiano, es parte de un
problema más profundo y permanente de la izquierda: su
tendencia a extender un cheque en blanco a cualquier régimen
progresista y a pasar por alto las divisiones al interior de cualquier
sistema, les impide entender que entre funcionarios civiles y
militares hay algunos que valoran su estrecha colaboración
con el régimen de Uribe una y otra vez, pasando por encima
del derecho de un revolucionario a no ser deportado (o secuestrado)
a un Estado paramilitar sanguinario donde no existe protección
jurídica.
En la fase
inicial de la investigación oficial venezolana, los ministro
del Interior y de Defensa enfatizaron que Granda se hallaba "ilegalmente"
en el país, que portaba "documentos falsos" y
que "no había sido invitado oficialmente a las conferencias
internacionales". En vez de considerar al revolucionario
colombiano como víctima de un crimen infame (una víctima
de la guerra de clase internacional, como habríamos dicho
en los viejos tiempos), se le criminalizó sobre la base
de tecnicismos migratorios, que cualquier funcionario de aduana
de bajo nivel habría detectado. Cuál es el propósito
de distraer la atención de un crimen político mayor
-el secuestro- con el asunto trivial de una visa caduca. Cuál
es la intención de decir que deberían haberlo expulsado
a Colombia y que los secuestradores colombianos simplemente lo
hicieron de mala manera. ¿No queda más manchado
el prestigio de Venezuela con su investigación demorada,
con el subsecuente cuestionamiento del derecho de Granda a participar
en una conferencia internacional en defensa de la humanidad, y
por la complicidad de algunos oficiales militares y policiacos,
que con una denuncia del régimen de Uribe por violar la
soberanía venezolana? Y peor, ¿qué los firmantes
de una carta, que exonera a los cómplices venezolanos,
no debilitan la seguridad del régimen de Chávez?
¿Aca-so se defiende una revolución negando sus debilidades
y enemigos internos? Después de lo ocurrido en el pasado,
especialmente en los antiguos regímenes socialistas, ¿tenemos
que repetir los mismos errores acusando a los críticos
de ciertos sectores del régimen de Chávez, para
poder silenciarlos, de preparar "el terreno para una intervención
armada estadunidense"?
Una intervención
armada estadunidense es una posibilidad real en cualquier lugar
del mundo, pero no habrá de ocurrir porque unos cuantos
oficiales de la Guardia Nacional o de la policía venezolanas
queden al descubierto como secuestradores pagados por el Estado
colombiano. Ahora el público sabe, por los principales
medios informativos colombianos, que los oficiales venezolanos
recibieron un millón 500 mil dólares por secuestrar
y entregar a Granda. No se sabe si los secuestradores estaban
también en la nómina de la CIA, pero los interrogatorios
a los que se les ha sometido y sus confesiones no revelan dicha
conexión. Tenían signos de dólar en los ojos,
no barras y es-trellas. La real amenaza a la seguridad venezolana
y al régimen de Chávez proviene de los nuevos acuerdos
en materia de defensa con Colombia, donde, podemos estar absolutamente
seguros, las fuerzas especiales estadunidenses, la CIA y la DEA
que trabajan con el ejército colombiano harán todo
su esfuerzo por reclutar oficiales, conseguir información
de inteligencia y fomentar sentimientos antichavistas entre los
militares menos comprometidos.
Por más
de 40 años he asistido a cientos de reuniones internacionales
y me he involucrado en varios movimientos de izquierda en los
cinco continentes. Los revolucionarios -perseguidos por los dictadores
y los regímenes represivos- han participado, entrando a
los países huéspedes sin visas, con pasaportes falsos
y ocasionalmente con sus papeles en regla. Los revolucionarios
colombianos, específicamente las FARC y más directamente
Rodrigo Granda, han hablado en foros públicos por toda
Europa y América Latina. A Granda se le impidió
hablar en el Foro Social Mundial de 2001, pero a los socialistas
franceses implicados en guerras coloniales por más de cien
años se les dio la bienvenida; ese es un sesgo que podemos
esperar de las ONG. El asunto concreto es que aun en regímenes
burgueses neoliberales de Europa y América Latina los funcionarios
reconocen tácita o abiertamente la presencia de revolucionarios,
incluidas las FARC. No hubo nada de que los organizadores de las
conferencias internacionales revisaran las listas de invitados
y descalificaran o se disociaran de algún líder
revolucionario. Esa no es, ciertamente, una expresión de
solidaridad internacional. Es mejor para la salud y el futuro
de la revolución venezolana, expresar di-recta y abiertamente
lo obvio, que Granda estaba ahí y tenía el derecho
de estar donde podríamos discutir y debatir nuestros principios,
nuestras diferencias, justo como otros líderes y regímenes
burgueses han hecho en otros tiempos y otros países.
El presidente
Chávez ha decidido tomar el asunto en sus manos. Uribe
ha declarado que financió el secuestro de Granda en Ve-nezuela.
Chávez siempre dijo que la soberanía nacional de
Venezuela sería defendida sin que importaran los costos
en términos diplomáticos, económicos y militares.
El affair
Granda no es simplemente una provocación de Estados Unidos
y Colombia que podría minar las relaciones bilaterales,
sino el reflejo de una división interna entre millones
que buscan profundizar las transformaciones sociales y aquellos
oficiales que intentan reconciliarse con Estados Unidos, Colombia
y las elites locales.
Y un pensamiento
último a este respecto. Aunque Chávez declaró
una reforma agraria radical hace tres años, no se ha expropiado
ningún latifundio privado: los 100 mil beneficiarios de
la reforma agraria recibieron tierra pública y no cuentan
con créditos ni con la asistencia técnica adecuada
debido a la incompetencia burocrática o al sabotaje po-lítico.
En diciembre de 2004, Chávez renovó su llamado a
los gobernadores y a los campesinos sin tierra a radicalizar el
proceso de reforma agraria. Los gobernadores respondieron entrevistándose
con muchos terratenientes para estudiar si su tierra era productiva
o no. Entre tanto, miles de desposeídos le tomaron la palabra
a Chávez e improvisan su propio programa de distribución
de tierras pese a la violencia de las impunes milicias privadas
que defienden a los latifundistas. Los intelectuales occidentales,
todos aquellos que tengan dudas de que la revolución nacional
se vuelve social, deberían prestar más atención
a las emergentes luchas de clase internas en vez de andar firmando
peticiones mal informadas.
Llamo a la
gente de buena voluntad a unirse a la condena del régimen
de Uribe por el secuestro de Rodrigo Granda y a nuestra solidaridad
con este prisionero político de conciencia.
Traducción:
Ramón Vera Herrera
Permitida
la reproducción parcial o total siempre y cuando se
citen las fuentes. Copyleft
©2003-2005. Los pobres de la tierra.org - San José,
Costa Rica.
Volver
arriba
